Linchamientos: ¿Estado simbólico?

Las noticias de los últimos meses recogen un número significativo de linchamientos ocurridos a lo largo y ancho de México.

Los hechos más recientes ocurrieron el lunes pasado en Tetela del Volcán, perteneciente al estado de Morelos, cuando la población amenazó con linchar a una mujer y cuatro hombres, por haber intentado secuestrar al dueño de una gasolinera.

Un evento más se dio –el martes 19- en el municipio de Ozumba, Estado de México, cuando pobladores detuvieron a una persona que aprovechando el tianguis de los martes trató de plagiar a una menor, la violencia se desató en el momento en que los lugareños intentaron linchar al presunto responsable y ante el arribo de la policía, quemaron oficinas del Palacio Municipal.

Los linchamientos con toda su crudeza revelan que un número muy importante de habitantes del país no confían en el sistema de justicia. El linchamiento expresa, la impotencia del ciudadano honrado, del trabajador, frente a las acciones atroces que en complicidad o frente a la impasibilidad e inoperancia de las autoridades del “sistema de justicia”, los maleantes se salen con la suya.

Ahora bien, si es cierto que se trata de hechos ilegales y violentos en el que participan muchas personas y hasta comunidades enteras, también representan un fenómeno que muestra la crisis en la cual se encuentra el Estado, ya que se ha convertido en un Estado simbólico al no confiar la población en sus instituciones de seguridad y, específicamente, en el poder judicial.



Amnistía Internacional señala que los linchamientos aparecen como una forma de “justicia popular”, especialmente en aquellas localidades donde el Estado no tiene presencia, o donde ésta es meramente simbólica".

Sin embargo, en un estado de derecho el linchamiento, no puede adquirir carta de naturalización ya que es un método que a todas luces es perjudicial para la seguridad, la convivencia pacífica, la justicia y en definitiva, para la vida en sociedad.

Es un acto que está fuera de la ley, penado para proteger el orden público, ya que el Estado debe defender su monopolio de la fuerza (ius puniendi). Así, lejos de hacer justicia atacando a uno o más maleantes, los protagonistas se vuelven delincuentes.

Sobre este comportamiento la historia y la literatura está llena de casos impresionantes, difíciles de pensar, tal como lo dejó plasmado LOPE DE VEGA y su célebre frase “todos a una”, en el poema Fuenteovejuna, para reflejar una práctica popular en la España del siglo XVII.

En la actualidad, los linchamientos se han convertido en un fenómeno social particularmente complejo, debido a su naturaleza, características, extensión y frecuencia. A diferencia de otros graves hechos delictivos, los autores no son delincuentes habituales que actúan de forma individual o en bandas criminales, sino, en su mayoría, ciudadanos comunes que ingresan a la categoría de delincuentes por participar en este hecho criminal.

Por ello, el estado debe cumplir con su misión fundamental: brindar seguridad y justicia. Lo anterior, urgentemente, puesto que los postergados de siempre: los pobres en las ciudades, los ciudadanos medios, los campesinos e indígenas, en fin, los sectores ajenos al poder, los sin acceso a la justicia, empiezan a rebelarse por la vía de lo perverso: El crimen colectivo.