Calderón: pleito personal

Usted recordará que el 26 de mayo de 2009, se efectúo en Morelia, Michoacán, la detención masiva de alcaldes y funcionarios estatales; se dio de modo cinematográfico, con participación del Ejército, Policía Federal y la Marina, sin notificación al gobernador LEONEL GODOY y con humillante exhibición de los arrestados ante los medios de comunicación.

Pues bien, de esos 35 servidores públicos acusados de narcos, por falta de pruebas los fueron liberando, sólo ARMANDO MEDINA TORRES, alcalde de Múgica, en esa entidad, sigue preso.

Ahora, cuando el caso del “Michoacanazo” se le desmorona entre las manos, cuando han sido liberados casi todos los acusados, intentado justificar su fallida actuación, ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, se queja ante el Consejo de la Judicatura para que investigue y castigue al juez Primero de Distrito en materia penal de Michoacán, EFRAIN CAZARES LOPEZ, quien ordenó las liberaciones, ya que actuó de manera poco clara.

Parece ser que a los funcionarios de la Procuraduría “se les olvidó” que antes de que el juzgador CAZAREZ LOPEZ, considerara infundadas las pruebas que se presentaron contra los acusados en el “Michoacanazo”, otros dos jueces, también federales, calificaron de improcedentes todos los argumentos que presentaron los fiscales de la SIEDO.

Por lo tanto, el juez CAZARES LOPEZ no hizo sino repetir prácticamente los mismos argumentos de los otros dos juzgadores y ante los que la PGR ni se inmutó.

Con la misma ligereza con la que el gobierno federal tildó de delincuentes a los adolescentes asesinados en Tamaulipas, el presidente CALDERON intenta poner una mancha sobre los servidores públicos que contravienen los designios de su “lucha contra la inseguridad”, al poner en duda el honor y acusar públicamente al juez EFRAIN CAZAREZ de “desvirtuar” pruebas.

Con ello, el mandatario no sólo asume el costo de un posible yerro colosal de la PGR, sino abre también un frente con el Poder Judicial y pasa, de un plano judicial a uno político y ahora al personal.

Al respecto, en clara alusión a las críticas del gobierno federal contra el juez en cuestión, el consejero de la Judicatura, JORGE MORENO COLLADO, dijo que los jueces no están al servicio de los poderosos ni del poder político y menos de los poderes fácticos. Agregó: “Los juzgadores de orden federal tienen como misión superior la defensa y resguardo de los derechos humanos.

Ahora bien, a reserva de lo que dictamine el Consejo de la Judicatura, el “Michoacanazo” -por lo pronto- ha puesto en ridículo a la administración calderonista, ya que como dice el refrán: “gavilán que agarra y suelta no es gavilán”.