Desde que el Partido Acción Nacional tomó el poder del Ejecutivo Federal, se han hecho presentes una serie de brazos del panismo, los cuales hasta el 2000 no habían merecido la atención de la opinión pública porque se mantenían cuando menos soterrados. Uno de ellos y seguramente el más extremista es el denominado de El Yunque.
No obstante que se han escrito incontables artículos, análisis y hasta libros sobre el tema, los señalados como líderes de ese movimiento albiazul niegan su existencia, sin embargo, como se repite en la Iglesia: “por sus obras los conoceréis”.
Se dice por eso mismo que a esa línea pertenece el actual gobierno de Guanajuato que encabeza Juan Manuel Oliva Ramírez, y dígase si no, cuando por el sólo hecho de una denuncia anónima se encarcela a humildes mujeres indígenas acusadas de un delito que hasta donde sabemos sólo existe en el Código Penal de esa entidad, nos referimos al de “homicidio en razón de parentesco”.
Para explicarnos más claramente, con las más puras y groseras prácticas de los gobiernos dictatoriales o hegemónicos revueltas con las maniobras heredadas de la Inquisición, en las cuales la denuncia anónima, vecinal e inclusive inter familiar es suficiente para confinar en una mazmorra al presunto delincuente no precisamente por leyes civiles si no, lo más grave, por leyes emanadas de dogmas religiosos o moralinos, por lo tanto los confinados en esas condiciones como son las indígenas de referencia se convierten ipso facto en presas de conciencia o en otros casos como presos políticos.
Afortunadamente, ante la presión de organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, al fin el gobierno panista de Guanajuato puso en libertad a 7 mujeres que habían mantenido en prisión, hasta por siete años, acusadas del falso delito de “homicidio en razón de parentesco”, es decir por haber abortado sin importar si fue en forma natural o inducido, mediante otra maniobra legaloide, bajó el Congreso local a propuesta del propio gobernante la penalidad de 35 a 8 años de cárcel.
Este martes al entrar en vigor la atenuante mencionada, lograron su libertad las humildes campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.
“Se hizo justicia”, pero “falta mucho por hacer y por cambiar”, afirmó Yolanda Martínez Montoya, con el puño en alto, al salir del centro de Readaptación Social de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, donde estuvo presa más de seis años no obstante que siempre se declaró inocente, la acompañaba su hermana María de los Ángeles, las demás excarceladas en forma inmediata fueron subidas a vehículos oficiales y trasladadas a sus domicilios para evitar que hablaran con la prensa.
Claro que falta mucho por hacer, sobre todo porque las humildes mexicanas fueron puestas en libertad por la presión nacional e internacional y como ya dijimos mediante una maniobra legaloide, que desde luego no les quita el estigma, a pesar de su inocencia y de haber obtenido su libertad, de culpables de haber matado a sus hijos, claro según las rupestres y dogmáticas leyes guanajuatenses. Si, falta mucho por hacer: “cambiar las leyes de Guanajuato que son inequitativas y discriminatorias para las mujeres”. Simplemente indignante.
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